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September 17, 2020
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¿En pensable hoy un sistema de propiedad temporal?

¿Qué pasa si dejamos de considerar a la propiedad como algo sagrado y “permanente”, que incluso trasciende al individuo (y su supuesto esfuerzo) hasta sus herederos, y empezamos a considerar que esta es imposible sin un complejo sistema de relaciones sociales colectivas que la sostiene desde su origen?

Por Alberto Tena Camporesi.

Mucho se ha hablado, desde su publicación en septiembre de 2019, sobre el nuevo libro de Piketty Capital e Ideología. Una de sus hipótesis fundamentales es que el reparto de la riqueza a lo largo de la historia siempre se sostiene sobre ideologías -sistemas de pensamiento- que organizan y legitiman el orden social. Aunque esto no siempre ha sido así, en la modernidad el reparto de la riqueza se ha estructurado esencialmente alrededor de la idea de “propiedad”, creando lo que Piketty denomina “sociedades propietaristas”. Esta idea de “propiedad” habría sido, por ejemplo, la idea límite contra la que habrían chocado los revolucionarios franceses en 1789 en su voluntad de redistribuir de forma radical la riqueza nacional. Como resultado de este fracaso, un siglo después, durante la Belle Epoqué (1870-1914), se llegó a unos niveles de desigualdad incluso superiores a los que había antes de la revolución. Las sociedades socialdemócratas de postguerra del siglo XX dieron un giro decisivo a la capacidad de redistribución de la riqueza desarrollando una inédita progresividad fiscal, que llevó a una disminución de la desigualdad casi constante hasta los años 80. Durante los siguientes 40 años hemos presenciado un retroceso ininterrumpido en la distribución de la riqueza en múltiples niveles. Para Piketty, una explicación de la situación en la que nos encontramos está en la incapacidad que tuvieron esas “sociedades socialdemócratas” de apropiarse intelectual e ideológicamente de la puesta en cuestión la sacralidad de la propiedad privada que permitía este tipo de fiscalidad. El clima de urgencia y desastre derivado del final de la Segunda Guerra Mundial impidió asentar y afianzar culturalmente unas políticas que tenían el potencial de conectar con algunas de las propuestas que la revolución francesa había dejado a medias. ¿Qué pasa si dejamos de considerar a la propiedad como algo sagrado y “permanente”, que incluso trasciende al individuo (y su supuesto esfuerzo) hasta sus herederos, y empezamos a considerar que esta es imposible sin un complejo sistema de relaciones sociales colectivas que la sostiene desde su origen?

Esta es la concepción fundamental que está debajo de la conocida propuesta programática de Piketty. Esta consiste, a grandes rasgos, en mezclar un impuesto anual progresivo sobre la propiedad con un impuesto progresivo sobre las sucesiones y otra impuesto progresivo sobre la renta. El impuesto srobre la renta se entiende sobre cualquier ingreso durante un año (tanto del trabajo como del capital), el de sucesiones y donaciones es el que se paga en el momento de transferir tu patrimonio, y el de la propiedad (también conocido como impuesto sobre el capital o sobre la fortuna) es un impuesto anual sobre la base del conjunto de los activos poseídos. Todos ellos con tipos marginales de hasta un 90% de cada una, valores que ya existieron entre 1930-1980 en Estados Unidos y en Gran Bretaña. En un sistema de este tipo la capacidad de acumular bienes durante la vida estaría asegurado hasta ciertos niveles extremos pero, en la práctica, mucha de esta riqueza volvería a la propiedad común en diversos momentos de la vida del individuo.  Inspirándose en Thomas Paine y la propuesta que desarrolló en un panfleto llamado Justicia Agraria en 1797, inmerso en los tensos debates de esa Francia revolucionaria, estos recursos se usarían para otorgar a cada individuo un “capital básico” de en torno a 100.000 euros con los que todo el mundo comenzaría su vida adulta. Una reforma de este tipo sería muy parecida en realidad a una especia de reforma agraria permanente pero aplicada a todo el capital privado y no solo sobre las tierras. Aunque todos los números que nos muestra Piketty son simplemente ilustrativos, permiten hacernos una idea de qué tipo de circulación de la riqueza nos quedaría con un sistema de propiedad temporal.

“Una persona que recibe a lo largo de su vida el equivalente a 0,5 veces el patrimonio medio (100.000 euros) pagaría un impuesto de sucesiones del 5 por ciento (5.000 euros), lo que supone un herencia total de 215.000 euros (sumando la dotación de capital de 120.000 euros). Una persona que recibe 2 veces el patrimonio medio (400.000 euros) pagaría un impuesto del 20 por ciento (80.000 euros), para una herencia total de 440.000 euros teniendo en cuenta la dotación. Una persona que reciba cinco veces el patrimonio medio (1 millón de euros) pagaría un impuesto del 50 por ciento (500.000 euros), lo que supondría una herencia de 620.000 euros teniendo en cuenta la dotación.”

En realidad, con los históricos parámetros de desigualdad de la riqueza que nos encontramos, se trata de una propuesta en la que la gran mayoría seguiría ganando. Seguiría habiendo una dimensión de desigualdad más que perceptible y si se aplicara con estos números llevaría en realidad a una reducción fiscal sustancial para el 80-90% de la población con menor patrimonio. La propiedad privada seguiría existiendo pero dejaría de estar sacralizada y pasaría a entenderse de forma puramente instrumental y coyuntural. De reconocer los problemas que implican la gran concentración de la propiedad y el poder que se desprende de ella, simplemente se deriva que ésta debe de ser regulada y controlada según los más básicos principios democráticos. Para hacernos una idea, aquí abajo esta la tabla con la que se puede observar la propuesta en los diferentes tipos de impuestos.

Además cabe recalcar que en este esquema impositivo de Piketty tendría también lugar un sistema de renta básica que asegurara unos ingresos del 60% del ingreso medio en torno a un 30% de la población (con un gasto de entorno al 5% del ingreso nacional), un desarrollo mayor de los principales pilares del Estado de Bienestar, la proyección de una economía verde y una democratización del poder dentro de las empresas. Todos ellos elementos que en ningún caso están en cuestión y que siempre forman parte del esquema principal de su propuesta.

Pero más allá de los puntos puramente técnicos, fundamentales en todo caso para entender las dimensiones de lo que se propone, hay en si mismo un debate ideológico profundo que la izquierda del siglo XXI debería pensar si es capaz de sostener. La idea de que existe una propiedad exclusivamente privada que se deriva de unos derechos naturales inviolables de ciertos individuos sobre ciertos bienes es absolutamente insostenible desde el punto de vista histórico. Acumular riqueza siempre es el resultado de complejos procesos sociales y es absolutamente dependiente de la existencia de estructuras colectivas como infraestructuras, sistemas legales, impositivos y educativos, así como de condiciones de salud pública, de cantidades ingentes de conocimiento acumulado desde hace milenios y de la existencia de sistemas de cooperación y dominación social como el colonialismo o la división social y sexual del trabajo. Si se asume esta realidad, es perfectamente lógico entender que las personas que acumulan riquezas extremas dependientes de todo este sistema de relaciones sociales devuelvan una fracción cada año y una parte sustancial al final de sus vidas. Esto haría que la propiedad dejara de ser estrictamente “permanente” y se volviera por lo tanto en todos los sentidos un concepto “temporal” e instrumental. Con este sistema caería necesariamente también el mito de la meritocracia absoluta y sus profundas raíces históricas. En un mundo donde las desigualdades y la estratificación social -especialmente educativa- es cada vez mayor y los ingresos de tus padres puede predecir la mayor parte de los ingresos que vas a tener, la “meritocracia” ya no puede funcionar como idea exclusiva que justifique la repartición de recursos.  

Es importante preguntarnos entonces con honestidad si estaríamos dispuestos a imaginar un sistema institucional y social con estos niveles de fiscalidad sobre la riqueza y la renta asociados a la seguridad de que nuestros hijos y descendientes fueran a tener 120.000 euros (60% del patrimonio medio en Francia) en el banco a los 25 años y una Renta Básica para toda la vida. Aunque obviamente el proceso de redistribución sería más grande en los primeros momentos, un sistema de este tipo aseguraría una circulación permanente de la riqueza colectiva sin en realidad dañar ninguno de los incentivos fundamentales del funcionamiento microeconómico, pero sí generando otros más positivos para el conjunto de la economía. Lo interesante de esta propuesta es, también, que tenemos información sobre los momentos en la historia donde este tipo de fiscalidad se ha aplicado. Hay datos que confirman, por ejemplo, que mientras se mantuvieron impuestos marginales del 80-90% a los ingresos de los directivos de las grandes empresas, estos mantuvieron unos niveles de remuneración mucho más bajos sin impedirles desarrollar su trabajo. El cambio de las reglas del juego a partir de los años 80 disparó las asignaciones astronómicas con incentivos perversos sobre el conjunto del sistema. En el clima de inseguridad creciente y necesidad de recursos para transitar hacia una economía sostenible en el que nos encontramos, es sin duda un nuevo pacto social que debería de ser positivo para una mayoría y justo en términos de moral pública. Aunque puedas tener la expectativa de encontrarte en algún momento entre los perdedores de este sistema a lo largo de tu vida, o ya calculas que lo serás, tienes ganancias aseguradas en términos de seguridad con respecto a tu futuro y al de tu descendencia, sin dejar de lado ningún incentivo para el esfuerzo personal sobradamente recompensado.

En definitiva, se trataría de pensar la herencia y la riqueza en términos colectivos en un sistema de estados nacionales necesariamente coordinados para acabar con los paraísos fiscales, lo que permite imaginar el desarrollo de una propuesta así en un nivel europeo. Tal y como demuestra toda evidencia, la acumulación de patrimonio y su traspaso de padres a hijos es una de las fuentes de desigualdad más persistentes en casi toda Europa. En realidad, ya tenemos conceptos ligados a mecanismos redistributivos que hacen referencia a este ámbito “comunitario” como es, por ejemplo, el de “solidaridad intergeneracional” para las pensiones. Este hace referencia a un sistema de solidaridad social entre personas que no se conocen pero que forman parte de la misma comunidad más allá del individuo y de la familia. Este es, de hecho, el razonamiento básico que sostiene buena parte de los servicios del maltrecho Estado de Bienestar. Se trataría de convertir una herencia mínima de esta riqueza colectiva en un derecho asegurado de la misma forma que aseguramos tener una pensión a nuestros mayores o un sistema de salud universal. Igual que no podemos asumir que personas de nuestra comunidad sigan obligadas a trabajar cuando ya han pasado una cierta edad, no podemos asumir que la lotería del nacimiento determine casi en la totalidad los márgenes de bienestar donde se va a desarrollar una persona.  

La crisis ecológica está poniendo un coto cada vez más restrictivo a nuestra imaginación de trascender como especie mucho más tiempo. Los recursos redistribuidos en un sistema de propiedad temporal podrían además permitirnos la suficiente flexibilidad social para asumir el lento proceso de transición productiva hacia una economía realmente ecológica y sostenible. La magnitud y la rapidez de los cambios que hay que afrontar, atendiendo a una justa repartición de las pérdidas en el corto y medio plazo, es tan complejo de predecir que es necesario pensar en un nuevo sistema de bienestar lo suficientemente amplio que pueda sostenerlo. Una redistribución radical de la riqueza acumulada en forma de patrimonio y de renta básica podría ser, en estas circunstancias, no solo una solución de emergencia sino también aceptable para una mayoría, para afrontar el reto y la enorme incertidumbre que tenemos por delante. En el libro de Piketty esta es solo una propuesta más en un amplio programa de reformas en diferentes direcciones, y los datos que aquí he rescatado solo una manera de abrir la mente sobre aquello que es imaginable. La genialidad del economista francés está probablemente en esta capacidad de abrir las posibilidades del presente a través de la solidez y profundidad del conocimiento del pasado. Más allá de las cuestiones técnicas sobre cómo podría ponerse en marcha un sistema de este tipo, hay una pregunta anterior: ¿somos capaces de pensar hoy un sistema de propiedad temporal?

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