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El pueblo soberano: el regreso al momento instituyente en América Latina

Soledad Stoessel

26 de octubre de 2020

“Fue tan sólo en el curso de las revoluciones del siglo XVIII cuando los hombres comenzaron a estar conscientes de que un nuevo comienzo podría ser un fenómeno político, que podría ser el resultado de lo que los hombres habían hecho y lo que conscientemente habían buscado”.

Hannah Arendt

Las vísperas del inédito proceso constituyente en Chile y los ciclos de movilización social inaugurados el año pasado en Ecuador, Colombia, Argentina, Puerto Rico y Haití frente a la recomposición de los bloques de poder por la derecha y su avanzada autoritaria sobre los derechos humanos -profundizada por el contexto de la pandemia-, otorgan una inusitada relevancia al debate acerca de la legitimidad del poder instituido, y de las opciones de cambio “desde abajo”. La relación entre lo instituido y lo instituyente, problemática fundante del pensamiento político moderno, convoca a una tarea intelectual y política ineludible en la vigente coyuntura regional. 

No cualquier ciclo político, acontecimiento o evento, asume el status de coyuntura. Althusser decía que pensar un momento como coyuntura era hacerlo a partir de leer sus elementos estructurantes en su potencial para activar intervenciones políticas (revolucionarias, agregaba el filósofo francés). La coyuntura tiene la singularidad de ser aquel momento sin el cual no se podrían visualizar ni reflexionar sobre determinados problemas políticos. Pensar la coyuntura implica, decía el epistemólogo crítico Hugo Zemelman, comprender el presente-potencial. Entender cómo en el marco de un espacio-tiempo lo dado habilita opciones de cambio, o lo que Boaventura de Sousa Santos alude con la idea de “posibilidades emergentes” representada en el principio blochiano del “todavía-no”. Este alude a los futuros próximos contenidos en el presente, de los cuales ya existen señales de su concreción. Estas señales aparecen en el intersticio entre los hechos consumados y los hechos posibles de ser consumados, intersticio en que se abren múltiples opciones. 

América Latina atraviesa hoy una coyuntura inédita, al menos en las últimas tres décadas: el quiebre explícito del pacto democrático pergeñado hace más de treinta años durante las transiciones, y la embestida autoritaria de los poderes instituidos. Hoy más que nunca se evidencia la relación instrumental que las elites tienen con la democracia. Ya lo decía Marx, la democracia es la forma normal de la política moderna siempre y cuando las elites no vean amenazadas las condiciones para la acumulacion de ganancias. En Chile, la vigencia de la Constitución escrita por unos pocos consejeros aduladores del dictador, cuyos defensores oligárquicos han insistido por más de cuarenta años en mantenerla; en Ecuador, Brasil y Colombia, una democracia en su sentido mínimo-procedimental vapuleada por las elites económicas y sectores ultrareaccionarios al suspender o manipular calendarios electorales, perseguir opositores, proscribir opciones políticas que expresan al campo popular y asesinar líderes sociales. En otros casos, como el boliviano, la usurpación del poder civil por sectores conservadores amparados por la fuerza de los tanques. Discursos de odio hacia grupos históricamente excluidos o subyugados -como las mujeres, identidades sexogenéricas disidentes, minorías étnicas-, traducidos institucionalmente en políticas de Estado. Programas de gobierno no votados en las urnas que atentan contra los derechos más elementales, como el caso emblemático del Ecuador postcorreísta. ¿Cómo frenar el avance autoritario de estos poderes de facto que adquieren status institucional? ¿Todo poder instituido es legítimo por el hecho de haberse establecido por la vía electoral, como pretenden justificar las huestes pinochetistas defensoras de una Constitución infame? ¿Qué margen de acción revisten los pueblos para disputar dicho poder? ¿Y qué sucede cuando del poder instituyente emanan expresiones opresoras que disrumpen órdenes legítimamente constituidos? 

Esta coyuntura habilita la reflexión sobre esta problemática teórico-política. Del modo en que comprendemos el complejo vínculo entre el momento instituyente -la activación del poder de la comunidad, del pueblo- y el momento instituido -la delegación y transmutación de dicho poder en instituciones, gobierno-, se desprende la capacidad de identificar posibles intervenciones políticas. Dicha relación ha sido trazada como una paradoja desde distintos abordajes intelectuales. Arendt y Derrida hablaban de la “paradoja de la fundación”. Para que un orden social se establezca y se vuelva duradero, es necesario que el pueblo delegue su poder en algo externo a él -ya lo decía Hobbes a partir de la figura del Leviatán- que lo garantice. El pueblo es el fundamento del orden, pero sin orden, al mismo tiempo, no hay pueblo posible. El pueblo solo puede existir en la medida en que el poder instituido le atribuye dicha existencia, le da una forma y una plataforma normativa sobre la cual actuar. El acto institucional (constitucional) reconoce al pueblo y le da entidad fáctica, pero es el pueblo quien debe fundar el poder instituido para que ésta tenga legitimidad. Arendt resalta de esta paradoja otro dilema: el poder instituido requiere que el poder instituyente cese de activarse de forma perpetua, de reclamar nuevos orígenes a cada rato. Solo deteniendo los flujos del accionar del pueblo, el poder instituido puede alcanzar una estabilidad -siempre contingente- que permita garantizar la existencia del pueblo a través de la ley que creó el propio pueblo-soberano[1]. Una revolución permanente, infinita, sólo atentaría, pues, contra la propia existencia del pueblo[2] ya que no habría orden político posible que pueda garantizar la aplicación del derecho, la ley, que son los que le dan entidad al pueblo soberano al reconocerlo como tal. 

En una similar línea de análisis, el jurista y filósofo político Schmitt retomaba el dilema ya identificado por el gran constitucionalista de la Revolución Francesa, Sieyès, y colocaba la pregunta por la legitimidad de la creación constitucional/institucional en manos del pueblo. Éste se encuentra dentro y fuera de la Constitución: él es quien la crea pero dicha voluntad viene dada porque existe una ley suprema que así lo reconoce como tal. Este afuera y adentro es problemático: la ley está por encima de cualquier individuo -principio que rige al liberalismo político, tristemente olvidado por los autodenominados liberales republicanos del siglo XXI- pero es el pueblo quien escribe y decide esa ley. Cuando la política se juridifica por completo, cuando los poderes instituidos se aíslan del soberano, éste, en potencia y acto, queda anulado. La política pasa a ser una apropiación arbitraria y tecnicista de aquellos que ocupan el poder instituido. Amparan sus decisiones políticas  -y la merma de derechos- en el formalismo institucional: “la Constitución no lo permite”, olvidándose convenientemente que la ley suprema es resultado del accionar del soberano-pueblo. Las diversas formas de la acción política quedan neutralizadas y se instaura lo que Dussel llamó el circuito corrupto del poder: la “potestas” -el poder delegado a los representantes- se fetichiza, se vuelve autoreferencial, se impone por la fuerza y se aparta de la “potentia” -el poder de la comunidad- que le dio entidad. La consigna y concepción del poder zapatisa “mandar obedeciendo” se transmuta en un “mandar mandando”. El fundamento del poder se inscribe en la pura fuerza. 

Este dilema es reconocido por las teorías de la representación política aunque asume otros rasgos. El necesario ejercicio moderno de la representación política entraña la misma dificultad esbozada por los constitucionalistas: un pueblo debe existir en potencia o en acto para que la representación política tenga un objeto que representar, y al mismo tiempo requiere estar ausente para que tenga sentido la re-presentación. Para entrampar más esta situación, aparece la pregunta acerca de cuándo efectivamente ha sido el pueblo soberano -y no una fracción minoritaria que se autoadjudica prerrogativas como tal- el que se ha pronunciado y delegado su poder en los representantes. La teoría del populismo delineada por Laclau procura sortear esta dificultad al sostener que el pueblo soberano no es un entidad sociólogicamente construida. No son “los de abajo”, los desamparados o los históricamente subyugados, los que necesariamente conforman el pueblo, sino que éste se instituye a partir de la articulación de diversos reclamos encarnados por heterógeneos actores que el sistema vigente no puede o quiere procesar. Cuantas más demandas se articulan bajo un mismo significante y cuanto más heterogéneas son, mayor será el potencial hegemómico del pueblo en ciernes para reclamar un nuevo orden, aunque aquellas demandas expresen posiciones reaccionarias o anti-democráticas. Por ese motivo puede haber pueblos “de abajo” o pueblos oligárquicos y el populismo, entonces, opera como una lógica de representación política al servicio de cualquier proyecto ideológico. Este tipo de lógica de articulación de demandas puede producir pueblos, cuestionar el sistema y derivar en nuevos órdenes sociales. Así, el populismo como momento disruptivo, desestabilizador e instituyente también puede contener el momento instituido[3]. La cuestión que dejó inconclusa Laclau y que permanece como un impensado en su formulación teórica es ¿puede el poder instituido asumir una naturaleza populista? ¿Es posible hacer co-existir el rupturismo político, la refundación del orden y el agenciamiento institucional en un mismo proceso populista? ¿Qué sucede con el nuevo poder si muestra una alta eficacia para tramitar demandas sociales? ¿Acaso no queda pues huérfano de aquello que le dio existencia? Por otro lado, la pregunta por la legitimidad del accionar del pueblo y de lo que éste crea o intenta crear, también sigue sin responderse. ¿Todo orden creado por el poder instituyente es legítimo, aún cuando haya sido el grupo más fuerte, pero minoritario, el que haya pujado por establecerlo? ¿Bajo qué condiciones podemos aceptar lo instituido por el pueblo? ¿Cómo distinguir cuando la fuerza de la ley y las instituciones proviene de un poder legítimo? ¿Acaso existen principios establecidos que informen sobre la legitimidad del accionar del pueblo?

Plantear estos dilemas conlleva la virtud de no absolutizar ninguno de los momentos -el instituyente y el instituido- ni de pretender que alguno quede neutralizado o sintetizado en el otro. Esto significa que momento instituyente e instituido son dos instancias de naturaleza distinta que, lejos de sucederse de forma cronológica, están presentes de forma constante en cualquier proceso político. La forma política contiene en si misma ambos momentos aunque alguno prime por sobre el otro según cada coyuntura. En efecto, la pregunta por la (re)activación de uno de ellos, por su jerarquización, solo es susceptible de ser formulada en coyuntura. 

La reaparición pública y disruptiva del campo popular latinoamericano durante 2019 reabrió esta discusión en torno a la relación entre poder instituyente e instituido. La avanzada antidemocrática por parte de las elites que conducen un neoliberalismo recargado de autoritarismo, actuó como catalizador de la apertura de la potencia plebeya. Si durante la etapa progresista, fue el momento instituido el que pareció primar en el péndulo entre ruptura y refundación (el pueblo soberano encarnado en una estatalidad activa al servicio de aquel), ahora es cuando el momento instituyente parece haberse activado luego de años de letargo. El cántico que se oye en las tumultosas calles chilenas -“Chile despertó”- viene a expresar de forma paradigmática la ruptura con dicha inercia, con lo sedimentado como perpetuo orden. Hoy, cuando la inscripción del pueblo como fundamento de la soberanía se ve más que nunca amenazada por un ejercicio del poder que vuelve a practicarse en clave “mandar mandando”, se torna urgente preguntarnos por la potencia y capacidad del pueblo para actuar en miras a establecer horizontes de justicia (social) e igualdad. “Hasta que la dignidad se haga costumbre” no es, sino, la consigna popular que expresa la necesidad de que, al fin, el péndulo entre el momento instituido y el momento instituyente se detenga en favor del pueblo soberano hasta que se traduzca político-institucionalmente en una clave popular y democrática. Bolivia está dando la lección. La degradación democrática a cargo de unas minorías autoritarias y abyectas solo puede revertirse con organización popular, paciencia -siempre es revolucionaria- y amor por les-otres. 

Soledad Stoessel es socióloga y Doctora en Ciencias Sociales (UNLP). Investigadora asociada de FLACSO Ecuador y becaria postdoctoral del CONICET. Participa en proyectos de investigación radicados en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP), FLACSO-Ecuador, CALAS-Sede Regional Andes y CLACSO. 


[1] El republicanismo de raigambre plebeya concibe a la libertad como la capacidad de cualquier ciudadano para participar en la creación de la ley.  No existe libertad alguna por fuera de la ley pues “en ese «afuera» radica la arbitrariedad de un poder despótico. La ley es la que concretiza el ideal democrático en tanto gobierno de todos, lo cual requiere participación social en la elaboración y aplicación de la ley, el derecho. Esta tesis lejos está del postulado de la libertad en su sentido liberal  político (libertad como ausencia de coacción externa al inidividuo) y liberal económico (libertad como no regulación), para acercarse al postulado demorepublicano de la participación social en la toma de decisiones y de la vida común en tanto ethos.

[2] Precisamente será esta premisa la que cuestionarán desde el marxismo autonomista, como la crítica que encarna Negri. Para él, el poder instituido representado por las leyes solo puede neutralizar la potencia de la comunidad, despolitizarla y anular su voluntad de transformación. Si la potencia se instituye, deja de ser potencia. Así, mientras que desde el liberalismo se exalta el momento instituido al cual termina por absolutizar (“nada fuera de la ley”), desde este marxismo es el poder instituyente, revolucionario, el que se absolutiza. Éste debe activarse de forma constante y no estar limitado por ningún poder externo a la multitud. La advertencia de Negri sobre el peligro de la anulación del pueblo cobra todo el sentido: ¿qué opciones le quedan al soberano para controlar que su poder delegado en los representantes no se aísle, no caiga en el círculo dusseliano?  

[3] Este punto ha sido subteorizado por la teoría del populismo de Laclau, lo que le ha valido diversas críticas. La consecuencia de dicha desatención es que el momento populista parece quedar reducido al momento de la ruptura del sistema, más no a la fundación de un nuevo orden político.