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Ayuso, más de 40 días comiendo pizza

Jorge Moruno

Más allá de las corbatas negras del PP, si queremos conocer la sensibilidad, humanidad y empatía de un Gobierno, lo mejor es observar cómo trata a los niños y a los mayores. Ya se ha escrito mucho sobre cómo el gobierno de Díaz Ayuso ha gestionado las residencias de los más mayores, ahora vamos a ver cómo trata a los niños más vulnerables de nuestra región. En la Comunidad de Madrid hay 11.500 niños y niñas de familias vulnerables que, con la llegada de la pandemia del coronavirus, han dejado de acceder a las becas comedor. Las distintas comunidades autónomas han tomado diferentes iniciativas de cara a garantizar que a estos niños les sigue llegando un menú para poder alimentarse. Entre las opciones posibles, Madrid, la comunidad más rica de toda España, ha elegido la peor de todas y, si se me permite, la más cínica. Voy a tratar de explicar por qué no tiene ninguna justificación la decisión que ha tomado y defiende Ayuso de entregarle a Telepizza la confección de menús para niños. Habría que recordar la incomprensible actitud del Gobierno de España, porque sin la aprobación y validación del Ministerio de Sanidad esta iniciativa aberrante no hubiese sido posible.

El Gobierno de Ayuso primero decidió cerrar los comedores escolares y despedir a sus trabajadores para, luego, en el marco de ese eufemismo hoy tan usado que llaman “colaboración público-privado”, contratar los servicios de empresas como Telepizza. Tampoco es algo que sorprenda cuando observamos quién se encarga de analizar la comida en los colegios públicos de Madrid: La Fundación Española de la Nutrición. ¿Quién es promotor de la FEN entre otras empresas como Coca-Cola o McDonald´s? Telepizza.

Madrid es la única región que ha optado por esta modalidad mientras que el resto ha recurrido a un abanico de opciones, que pasan por entregar tarjetas de crédito con un importe incorporado, realizar transferencias bancarias, enviar un SMS que se canjea por la compra en el supermercado impidiendo que se gaste en algunos productos, o mantener el servicio de catering para entregar menús saludables a los niños y recogerlos en los colegios. Cualquiera de esas posibilidades es preferible a la que ha tomado la Comunidad de Madrid, porque no es necesario tener que elegir entre comida insalubre o nada. 

España ya es el segundo país de Europa en el que más crece la obesidad, una enfermedad que ya supone 131.000 muertes al año en nuestro país y que ha disparado las enfermedades derivadas como las cardiovasculares, tumores o diabetes tipo 2. Según un estudio publicado por la prestigiosa revista The Lancet, la mala alimentación provoca más muertes derivadas que el tabaco; la obesidad reduce la productividad, lamina las posibilidades laborales de quien lo sufre y, según la OCDE, conlleva un coste económico de alrededor el 3% del PIB, es decir, unos 30.000 millones de euros. 

En Madrid, 1 de cada 3 niños sufren sobrepeso u obesidad, una amenaza a la que están expuestas especialmente las clases populares. La obesidad y las enfermedades derivadas tienen un fuerte componente de clase social: la obesidad desciende y crece el consumo de fruta con el aumento del nivel de estudios y renta. Un reciente estudio elaborado por varias universidades, entre ellas la Universidad de Alcalá, demuestra que los escolares en los barrios desfavorecidos de Madrid cuentan con un 62% más de tiendas al lado del centro educativo que venden bollería industrial y bebidas azucaradas en comparación con los barrios medios, una diferencia que se agrava todavía más con los barrios altos, en los que hay un 41% menos de tiendas que en los barrios medios.

Este menú ofrecido por Telepizza, que nos cuesta por unidad 5 euros diarios, ha sido denunciado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, porque contraviene las directrices de la Organización Mundial de la Salud, al no garantizar una alimentación sana y adecuada para la población infantil. Viola flagrantemente los derechos internacionales del niño, así como las propias directrices de alimentación que aconseja la Comunidad de Madrid; pero, como desgraciadamente no existe en nuestra Constitución el derecho a la alimentación establecido como un derecho fundamental, desde Más Madrid y asociaciones de padres, se acabó denunciando al Defensor del Pueblo. Lo de Telepizza y la Comunidad de Madrid, con la vergonzosa aprobación del Ministerio de Sanidad, es un ejemplo de intervencionismo neoliberal y control de pobres. En lugar de seguir el ejemplo del resto de regiones, Ayuso, la liberal, ha decidido tutelar desde el Estado a las familias obligándoles a darle de comer a sus hijos comida insalubre, en lugar de dejarles libertad de elección u ofrecerles un menú saludable. No les da el dinero a los padres para que elijan, pero tampoco les garantizan a los niños un menú decente: se los tutela contratando a una empresa para que los alimente con comida basura. 

Poner a Telepizza a realizar asesoramiento dietético es como si se pone a Philip Morris a investigar sobre el cáncer de pulmón. Que sean las instituciones quienes lo fomentan y promocionen es doblemente demencial. En el último pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso salió a defender orgullosa los menús de Telepizza porque, según su criterio, eran saludables y a los niños “no les hace mal comer pizza una vez por semana”; claro, y al día siguiente nuggets, al otro una hamburguesa acompañada de una ensalada infecta. Imaginen que su hijo pequeño llevase comiendo esto desde que empezó el estado de alarma. Esto es lo que llevan comiendo desde hace más de 40 días los niños más pobres de Madrid, pagado con nuestro dinero, gracias a un Gobierno que atenta contra la salud y el futuro de los niños.

Reivindicar la libertad es reivindicar que todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, quieran a quien quieran, tengan el dinero que tengan sus padres, puedan buscar la felicidad. Para que nadie sea de primera porque ninguna persona es de segunda, la igualdad debe ser una premisa en lugar de un horizonte. Esto solo es posible si removemos los obstáculos de la desigualdad que impiden ejercer la libertad: la precariedad, los precios de los alquileres, la mala alimentación, las listas de espera en sanidad, la contaminación o la educación segregada. Garantizar el derecho a la existencia de todas las personas es condición necesaria para garantizar la libertad del conjunto de la sociedad y viceversa, porque sin libertad no hay democracia; no puede haber libertad para lo que impide la democracia.