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Intervencionismo neoliberal

Jorge Moruno

27 de abril de 2020

En Succession, serie de la HBO que trata sobre el poder de una familia dueña de un Imperio empresarial en EE. UU., Connor, uno de los ricos hijos herederos que no ha hecho otra cosa que vivir del cuento en su mansión construida en medio del desierto, decide que quiere ser presidente de la nación y lanza para ello una campaña comunicativa centrada en defender la “libertad” de no pagar impuestos. Esta escena, la de un multimillonario haciendo política en favor de una libertad asociada a no pagar impuestos, es un gran resumen de la ofensiva de clase neoliberal. Un proyecto que nace desde arriba pero que tiene como objetivo hacer partícipe y convencer a una parte de los de abajo. Los más poderosos consiguen generar una alianza populista que sintoniza sus intereses concretos con los de la sociedad, es decir, conjugan un populismo en consonancia con las élites y en contra de lo que se identifica y señala como los vagos, caraduras y subvencionados. 

Un proyecto de clase que se apropia de la nación y del arte como forma de identificación. Formar parte de la misma nación permite a los subordinados despreciar a los que no forman parte de ella en compensación por los límites que ellos viven en su interior. A esto Freud lo llamaba la satisfacción narcisista extraída del ideal cultural, y sucede cuando “los oprimidos pueden sentirse afectivamente ligados a los opresores y, a pesar de su hostilidad, ver en sus amos su ideal.” Así, el proyecto populista neoliberal tiene lugar cuando la nación se expresa por boca de la defensa del mercado y la libertad del propietario, enfrentándose a los grupos que son señalados como ajenos a la nación y quieren vivir a cargo del trabajo de otros. 

Su objetivo es naturalizar entre la población que la desigualdad de poder y de posesiones es el resultado del esfuerzo y la responsabilidad individual, o de su ausencia, ante las oportunidades ofrecidas por un mercado considerado como neutral y apolítico. De ahí que haya que premiar a los que se esfuerzan, los más poderosos, y castigar a los débiles, los empobrecidos y precarios. Solo haciendo del mercado una metafísica es posible vivir en sociedades cada vez más desiguales y segregadas sin que nada de eso cuestione su concepto de libertad. La perspectiva armonicista del mercado es, por lo tanto, totalitaria, pues excluye la posibilidad del conflicto, la contingencia y la diferencia. Y por ese motivo cualquier desajuste se achaca a la intrusión de agentes patógenos que distorsionan su funcionamiento perfecto.

Los sectores autodenominados como liberales suelen delimitar el marco de lo posible entre quienes apuestan por la libertad de mercado y quienes buscan planificar la economía, quedándose entre medias los llamados intervencionistas, aquellos que pretenden regular la economía desde el Estado. Esta perspectiva ha encontrado la horma de su zapato en una suerte de defensa estatalista por parte de la izquierda. Ahora que se vuelve a hablar de un cierto retorno del “capitalismo de Estado”, habría que insistir en la necesidad de romper esta formulación, porque sigue siendo funcional al marco discursivo liberal. Capitalismo de Estado es una tautología, es redundante, por un motivo muy simple: la historia del capitalismo y la del Estado caminan de la mano. Sin el Estado expropiando las tierras comunales, sin el Estado creando la red comercial para mover las mercancías y abriendo nuevos mercados, sin el Estado creando el mercado nacional unificado, sin la represión estatal a los trabajadores, sin la colonización y la obtención de materias primas, sin las guerras que aceleran la innovación y generan nuevos nichos de mercado, y sin el Estado disciplinando a los pueblos a base de dictaduras, el capitalismo no existiría. Ya fuera en el mercantilismo, en el capitalismo manchesteriano, la época victoriana, el modelo fordista o el neoliberal, el Estado siempre ha cumplido la función reguladora que vela por garantizar la acumulación de capital y defender la propiedad de los ricos. La dicotomía Estado-Capitalismo es falsa, porque ni el capitalismo es sinónimo de “libre mercado” ni el libre mercado es contrario a la intervención del Estado; tampoco a la necesidad de implantar dictaduras, como en Chile, para “transitar” al “liberalismo” (Hayek). Eso es el neoliberalismo: liberalismo de Estado y estalinismo de mercado.

Por esa misma razón, es un error asociar neoliberalismo a “desregulación” y a la “no intervención”, porque, como ya hemos comentado, es un error contraponer el Estado al mercado: el neoliberalismo (y el capitalismo en cualquiera de sus etapas) es inseparable de la intervención activa del Estado. El capitalismo nace expropiando y sin el Estado no podría haber propiedad. España es un ejemplo paradigmático de esto último. Si observamos el periódico ABC de 1959, hoy lleno de plumas liberales y ayer vocero franquista, aparece quien fuera Ministro de Vivienda, José Luis Arrese, explicando cómo desde las instituciones del Estado se tienen que generar las condiciones para que los promotores inmobiliarios cumpliesen su “misión”, a saber, “la de intervenir en la transacción de la propiedad inmobiliaria; pero para eso, para que haya transacción, es preciso que primero haya propiedad.” 

Hoy en día la patronal de promotores-constructores, APCEspaña, demanda lo mismo que antaño, a saber, que el Estado facilite la vivienda en propiedad porque temen un aumento de la preferencia por el alquiler. Su objetivo es vender los pisos, lo que ocurra después con ellos, si las familias puedan o no pagar, ya no es de su incumbencia. Así pues, reclaman que el Estado siga alejándose de las medidas que se aplican en muchos países de Europa, donde el acceso a la vivienda es más barato, se apuesta por crear un parque público de vivienda y se incentiva el alquiler asequible con garantías. 

La única pregunta que cabe hacerse sobre la relación entre el Estado y la economía es en favor de qué y de quién interviene el Estado, pero no si interviene o no interviene, pues siempre lo hace. Abundan los ejemplos de rescates con dinero público, desde el rescate a la banca hasta el caso Cástor, pasando por las autopistas. El negocio es redondo cuando el Estado hace de garante, pero no suelen leerse críticas liberales a la política intervencionista del Estado cuando se financia con dinero público a sectores privados que directa o indirectamente dependen del Estado. Tampoco cuando el Gobierno garantiza, con aval del Estado, que la economía rentista de quien tenga 10 viviendas en alquiler no pierde un solo euro en esta crisis, mientras que el inquilino golpeado por la crisis tendrá que pagarlo todo. 

El nuevo mantra que repite el PP de Madrid, pero no solo, es el de la “colaboración público-privada” que, en realidad, es un eufemismo para poner a las administraciones públicas -y al dinero público- a trabajar al servicio de los intereses de las empresas amigas. El proceso tiene dos fases, primero se aplica una fiscalidad regresiva para bonificar a los más ricos reduciendo así los ingresos, luego, tras reconocer que “no hay presupuesto público suficiente”, deciden buscar la “colaboración” privada para sustituir a la función pública. Este mecanismo transfiere riqueza a manos privadas en dos tiempos, primero bonificando impuestos y luego regalando concesiones, así que degradan lo público, ensalzan lo privado y presentan a la promoción empresarial como una nueva filantropía a la que debemos agradecer sus esfuerzos. Sustituyen los impuestos por la misericordia buscando la resignación de los pobres. Su idea de libertad es bajarle los impuestos a los más ricos para, luego, con el dinero recaudado por el resto, financiar a las empresas amigas sus vicios privados. Al tiempo que hunden lo público promocionan lo privado con dinero público. El intervencionismo regulador es la clave de bóveda del asalto neoliberal.

El caso de los menús de Telepizza destinados a los niños de familias vulnerables es un ejemplo claro de intervencionismo neoliberal y de una política de control de pobres. Primero despiden a los trabajadores de los comedores escolares y, luego, en lugar de hacer lo que hacen otras regiones, que le dan el dinero a las familias para que compren comida en el supermercado, prefieren tutelar a los niños contratando los servicios de una empresa para que los alimente con comida basura. A los pobres, caridad, “al menos comen”,  porque no parecen tener derecho a una buena alimentación.

Madrid es el paradigma del intervencionismo neoliberal. Siempre, en cualquier política social, se encuentra a la cola en financiación siendo la región más rica de España,  destacando por la infinidad de trabas burocráticas y trámites para impedir que la ciudadanía acceda a las ayudas. Por poner solo dos ejemplos; la renta mínima de Madrid, denunciada por el Defensor del Pueblo, es la más ineficaz e insuficiente y su tasa de cobertura es ridícula. Cuando se trata de las ayudas al alquiler, todo son retrasos en el cobro, plazos limitados y falta de presupuesto.  Sin embargo, cuando se trata de gente con dinero, el trato es todo lo contrario, todo son facilidades, no ponen ninguna traba, ningún control, plena libertad para disponer del dinero gracias a los privilegios fiscales.

Lo cierto es que cada vez menos gente acumula más riqueza y cada vez más gente se queda fuera. En España la pobreza se hereda y hacen falta 4 generaciones para que una persona pobre alcance los ingresos medios. En 2014 el 20% de hogares más ricos poseía 15 veces más que el 20% más pobre, en 2017 esa diferencia es de 28 veces más, casi el doble. Si alguien nace en una familia de ingresos altos ganará un 40% más que quien crece en un hogar con ingresos bajos. Toca revertir el proceso expropiatorio y repartir, entre el pueblo español, la riqueza acumulada en pocas manos. Necesitamos recuperar nuestro país, abanderar la libertad e intervenir la economía para equilibrar la balanza, no hay otra alternativa.