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¿Ha llegado el momento histórico de la Renta Básica Universal?

Alberto Tena

El debate sobre las políticas de garantía de rentas es casi tan viejo como el capitalismo mismo. Aunque el origen de las conocidas como Poor Laws en Inglaterra datan de mediados del siglo XIV -un sustento para los campesinos diezmados por la Peste Negra- entre los siglos XIV y XIX el proceso de los cercamientos (“enclosures”) creó las condiciones necesarias para la desaparición de los derechos comunes sobre la propiedad de la tierra y la creación de los trabajadores agrarios dependientes de un salario. Con la desaparición de estos bienes comunes, la pobreza de los campesinos sin trabajo o con trabajo temporal emerge como un problema consustancialmente unido al desarrollo del capitalismo y la revolución industrial. Estas políticas de garantía de ingresos jugaron un papel clave en el hecho de que a principios del siglo XIX en Inglaterra, a diferencia del resto de Europa, apenas existieran “campesinos” -en el sentido medieval- y mayoritariamente tuviéramos una sociedad de “trabajadores agrícolas” libres y grandes terratenientes.  El largo y complejo proceso de “formación” de una clase obrera separada de los medios de vida vinculados a la tierra y con la necesidad de vender su fuerza de trabajo, había necesitado de políticas de mantenimiento de renta tanto de población “desempleada” como de la población “pobre” que había surgido de ahí.

Estas políticas tuvieron su máximo apogeo en el llamado sistema Speenhemland (1795), un sistema de mantenimiento de rentas que combinada lo que hoy conocemos como rentas mínimas, desempleo y complementos salariales. Los perdedores del cambio tecnológico  presionaron con revueltas violentas, como ha estudiado Eric Hobsbawm (1969), con las figuras ficticias del general Ludd o del capitán Swing después de la Guerras Napoleónicas. En el origen de estas revueltas encontramos, ente otras razones, el deterioro de estas políticas. Es imposible comprender el gran período de transición de un sistema feudal a un sistema capitalista en Inglaterra sin tener en cuenta el rol de las Poor Laws. Los economistas clásicos del siglo XIX, incluido Marx, tuvieron siempre una pésima opinión de sus efectos económicos, a caballo entre la mendicidad parroquial y el disciplinamiento de la fuerza laboral. Unas políticas con un largo periplo hasta su abolición en 1948 con la aprobación del National Assistance Act que daría paso al moderno Estado de Bienestar. Las prestaciones contributivas y las cotizaciones a la seguridad social se volverían el centro del sistema de bienestar acompañado del preciado National Health Service durante los siguientes “30 gloriosos”.

La crisis productiva que explotó con la crisis del petróleo de 1973 marcó el final de esta época dorada. El proceso de reconfiguración política y económica de esa crisis y su estabilidad hasta 2008 es lo que hoy llamamos neoliberalismo. El desarrollo de los mercados financieros se encargó en parte, a través del endeudamiento privado, de sostener los ingresos familiares tras la fuerte caída salarial. Es en medio de esta “revolución conservadora” a finales de los 80, que entre Bélgica y Holanda en el ambiente de los novísimos partidos verdes, aparece la idea de la “Renta Básica” que conocemos hoy en día. Pero no es hasta después del gran Crac de 2008, y las profundas consecuencias que arrastramos hasta hoy, que se asienta el debate dentro del mundo globalizado. En 2017 se discute la idea en el foro de Davos y el FMI y la OCDE presentan sendos informes sobre su viabilidad económica. Ese mismo año, la Universidad de Stanford presenta su Basic Income Lab y Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght publican en Oxford Unviersity Press Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy. 

Hoy, tres años después, parece que la crisis del coronavirus va a marcar una nueva etapa. Estamos viendo en tiempo récord la ruptura definitiva de los consensos económicos dominantes en la última década, y un aparente giro hacia un keynesianismo del siglo XXI. En este escenario aparece la política económica pensada en clave de emergencia y “excepcionalidad”. Las propuestas de diferentes “Rentas de Cuarentena” están apareciendo por todo el mundo como medidas dirigidas a sostener los ingresos de las personas durante este período inusual. Los ERTEs funcionan también en esta misma línea como una especie de prestación de desempleo “no contributiva”. Pero resulta bastante evidente que la crisis que se trata de frenar se asienta sobre una seria de debilidades estructurales que van más allá de la sola emergencia. ¿Podemos empezar a pensar este shock y su respuesta como un momento de cambio de paradigma general? La crisis ecológica, la extrema desigualdad y el impulso del movimiento feminista global siguen presentes como elementos de fondo para esta crisis. Es en este clima que estamos volviendo a hablar de la RB como una medida que podría suponer un pilar de este nuevo paradigma una vez agotados los consensos económicos de la “austeridad”.

La propuesta llega otra vez en un grado de madurez intelectual y técnica que viene masticándose muchos años, y ha tomado posiciones dentro de diferentes debates. La RB encaja en muchos sentidos con las preguntas que se hacen los economistas neokeynesianos sobre cómo sostenerse en un escenario de “estancamiento secular”: esa compleja combinación de dificultad para convertir el ahorro en inversión, estancamiento de la productividad a largo plazo y de los salarios reales, junto al aumento sostenido de la precariedad laboral. Una de las certezas que tienen los economistas sobre el comportamiento del consumo, es que éste es mucho más dinámico si se concentra en las manos de los que menos tienen. La RB es fundamentalmente un mecanismo radical de transferencia de rentas de los que más tienen a los que menos, generando un flujo de renta sostenido en esa dirección.

Al mismo tiempo, es una alternativa a las clásicas políticas monetarias que deben “pasar” por préstamos entre el Banco Central y los bancos comerciales para finalmente llegar a la población. Sabemos que con tipos tan bajos no hay apenas margen de impacto real. Si la política fiscal es la nueva respuesta, una RB vehiculada por el sistema fiscal podría conjugar varias de estas ventajas juntas. Una política macroeconómica que al mismo tiempo funcionara como un sistema de seguridad social en una sociedad que ya no necesita solo protegerse de “riesgos” calculables en forma de “seguros”, si no ante una situación de “incertidumbre” generalizada. Estos efectos macroeconómicos de la RB son perfectamente coherentes con la evidencia empírica que manejamos respecto al mismo.

A partir del análisis de la experimentación con rentas incondicionadas sabemos que bajo determinadas condiciones estas suelen comportar una mejoría en patrones de consumo, aumento de las iniciativas de emprendimiento, mayor tiempo de educación y el abandono de sectores de la economía informal hacía sectores con mayor productividad. Construir un entorno de seguridad de ingresos hace que los individuos se vuelvan mucho más proactivos con respecto al conjunto de la sociedad. Además, en términos de salud pública sabemos también que la pobreza y la exclusión son factores de riesgo que podrían mitigarse con una RB. La evidencia empírica es clara a la hora de mostrar que eliminar la incertidumbre por la falta de ingresos tiene en el futuro efectos muy positivos tanto para la salud física como la mental.

Sin entrar a discutir la profundidad del impacto del cambio tecnológico en el empleo, no es necesario argumentar un escenario de “fin del empleo” para observar la manera en la que la llamada Gig Economy combinada con la I.A está afectando la configuración de los mercados laborales. Sin que represente una alternativa a su necesaria regulación específica, sí sabemos que contribuyen a este escenario de incertidumbre y que una RB es una respuesta que ayudaría a amortiguar muchos de sus impactos. La RB te “protege” en cualquier situación, independientemente de tus salidas y entradas en el mercado laboral. Situación que para muchos de los “trabajadores de plataforma” es prácticamente indistinguible en su día a día, volviendo obsoletas las figuras de “empleado/desempleado” en torno a las que giran las prestaciones contributivas.  

Este escenario es necesario además proyectarlo en un mundo donde nos va a tocar convivir con shocks ecológicos permanentes con consecuencias que podrían acercarse mucho a esta excepcionalidad del coronavirus. Si vamos a tomarnos en serio la necesidad de transitar a modelos productivos sostenibles, estos van a necesitar de no abandonar a la población en el mientras tanto. Si el proceso de reconversión industrial de los años 80 -que tuvo todavía cierta capacidad de generar alternativas de garantías de rentas para los trabajadores del sector-, protagonizó grandes conflictos sociales, es de esperar que un proceso a mayor escala de reorganización del sistema productivo también los tenga, y no precisamente leves.

Hay otro punto fundamental en el contexto contemporáneo por el que la RB también aparece como una idea útil. La crisis económica y ecológica está sucediendo también sobre una crisis de cuidados. La lucha por la igualdad y contra la violencia que está llevando a cabo el movimiento feminista no es neutral desde el punto de vista económico. La mayor parte de las reivindicaciones de este movimiento global enlazan directamente con lo que se ha denominado la división sexual el trabajo. Si el sistema productivo está en crisis, este siempre tiene un correlato en el sistema reproductivo, esa parte de la economía que es habitada y cargada fundamentalmente por mujeres. La mayoría de críticas “fuertes” en términos éticos a la RB sostienen que no es justo que se reciba un salario a cambio de no hacer nada por la sociedad. La economía feminista ha puesto el dedo en la llaga señalando que precisamente el conjunto del sistema se sostiene sobre un trabajo invisibilizado y desvalorizado por feminizado. Si la economía reproductiva es absolutamente necesaria para que el conjunto funcione y la vida pueda sostenerse, una RB simplemente estaría retribuyendo a la sociedad, y en especial a las mujeres, por este trabajo que necesitamos como humanidad. Vivimos en una crisis de cuidados que necesita que existan recursos para no apoyarse de forma injusta sobre el trabajo gratuito, o mal pagado, de millones de mujeres.

El fin del horizonte del “pleno empleo” implica también la crisis del “derecho al ingreso” solo para quien efectivamente tiene un empleo. Derecho, por ejemplo, del que han estado excluidas las mujeres durante buena parte de los “30 gloriosos”. Estamos en una situación en la que el derecho al ingreso debe de universalizarse para no ser un privilegio de quien puede pagarse un máster o tiene capital social para poder conseguir un trabajo con ingresos suficientes. Las enormes desigualdades que habitamos, junto a las reflexiones de la economía feminista, hacen que sea imposible considerar que los salarios son retribuciones “justas” al trabajo que ofrecemos a la sociedad. Tener una fuente de ingresos suficiente y permanente en el tiempo se ha vuelto un privilegio accesible solo a una franja de la sociedad que se puede reproducir como estamento.

La RB también puede ser una gran respuesta para quienes se encuentran todavía, gracias a los derechos adquiridos durante décadas de lucha social, dentro del mercado laboral, pero ha visto deteriorarse sus condiciones. La pregunta económica sobre “porqué suben los salarios” tiene múltiples respuestas, pero sin duda una de ellas es la capacidad de negociación de los asalariados.  La correlación entre mayor sindicación y mejores salarios y condiciones laborales ha sido evidente muchos años, pero también lo es los límites con los que estas organizaciones se han encontrado ante un ecosistema productivo totalmente diferente al que existía cuando nacieron y se fortalecieron. Para el sindicalismo la RB puede ser la medida más efectiva para generar aumentos de salarios a través de la mejora de la capacidad de negociación de las personas que no están directamente sindicadas. Tener la seguridad de un ingreso -desvinculado del hecho de tener un empleo como es la propuesta de complementos salariales-, hace que probablemente vaya a existir una presión al alza especialmente de los trabajos necesarios pero mal pagados donde apenas están llegando los sindicatos.

Los argumentos que encajan con muchos problemas contemporáneos no acaban aquí. Desde el punto de vista de los países emisores de migrantes jóvenes, incluido España, una RB permitiría limitar fuertemente estos movimientos de salida de fuerza laboral. Pero desde la perspectiva de los países receptores, permitiría además diluir algunos de los argumentos xenófobos más extendidos: son los migrantes los que acaparan las ayudas. Una RB generaría la percepción de que no hay esta distinción entre algunos “pobres” que se llevan todas las ayudas y el resto de la población, ya que igualaría a todo el mundo como perceptor. Esto hila con otro de los argumentos más clásicos a favor de la RB. Esta es una forma de eliminar la pobreza pero manteniendo la libertad de las personas frente a los criterios de la administración. Generar una política de transferencias de renta lo más “incondicional” posible esquivaría la trampa de la pobreza y sería una red potentísima para no caer por fuera del sistema.

Al igual que en Speenhemland, las administraciones públicas tienen hoy una enorme red de políticas de transferencias de renta con objetivos distintos y diferentes criterios. Por ejemplo, las exenciones y deducciones pensadas en una lógica de incentivos para los agentes económicos, siendo un consenso que, en el caso de España, van en una dirección opuesta en términos de redistribución. Existe además una enorme -y compleja- diversidad de políticas con respecto a las rentas mínimas, las ayudas a la compra o alquiler de vivienda o a otro tipo de prestaciones familiares o por hijo a cargo. A esto hay que sumarles el conjunto de prestaciones contributivas vinculadas a la seguridad social con pensiones y desempleo a la cabeza. Las diferentes “lógicas” a las que responde cada una de estas prestaciones generan en muchas ocasiones los efectos perversos que mencionábamos más arriba. Sin ocultar la complejidad política y administrativa que implicaría -especialmente en términos legales y competenciales-, orientar estas políticas hacia una RB es una forma clara de racionalizar el conjunto del sistema bajo un único criterio. Esto no quiere decir en ningún caso que deban eliminarse otro tipo de transferencias de renta que en muchas ocasiones todavía son indispensables y tienen objetivos propios.  

Por último, no hay que olvidar el papel que podría jugar una RB desde la perspectiva del proyecto de la Unión Europa. El brexit ha puesto por primera vez encima de la mesa la fragilidad del todo poderoso path dependency sobre el que se fiaba la continuidad del proceso de integración. Los recientes cambios del paradigma y la posibilidad de una gran emisión de eurobonos parece que en poco tiempo nos sitúa ante un escenario completamente nuevo en la vía de la integración fiscal. No olvidemos que el ya casi olvidado economista Varufakis, antes de ser ministro, se había hecho famoso por señalar la necesidad de que la integración europea contase con mecanismos de reciclaje de excedentes para corregir los desequilibrios entre países dentro de la zona euro. Si debíamos seguir transitando hacia un estado europeo federado, era imposible hacerlo sin un sistema fiscal integrador capaz de equilibrar la relación entre estados excedentarios y deficitarios. Si la U.E es un proyecto que aún tiene sentido, precisamente como “proyecto” inacabado, necesitaría generar una política lo suficientemente potente de compromiso solidario entre territorios para poner una base sólida para los siguientes pasos. La propuesta de RB en forma de eurodividendos iba también en esta dirección.  

Todas estas razones hacen pensar que el principal problema de la RB, su coste relativamente alto frente a otras políticas más “focalizadas” -sobre todo si consideramos aquellas de una cantidad “suficiente”-, pueda diluirse. La revolución fiscal distributiva necesaria para iniciar este proceso puede surgir de esta emergencia social y vital. Como ha señalado Piketty en Capital e Ideología o Kennneth Scheve en Taxing the rich,  después de la Primera Guerra Mundial y la Gripe Española de 1918 se aceptaron impuestos progresivos mucho más altos para contribuir a la reconstrucción tras la catástrofe.  Otros estudios muestran cómo las catástrofes nos hacen más cooperativos, generosos y solidarios. Es posible que otros objetivos de política económica por separado puedan encontrar alguna política a un costo más bajo que una RB, pero también es probable que no actuar con contundencia y claridad de ideas sea mucho peor y menos efectivo. ¿Quizás ha llegado el momento histórico para la RB? Las políticas de garantías de renta desde los tiempos de Speenhemland siempre han sido un elemento crucial de la política económica y de la organización de las condiciones de vida. Si asumimos de forma honesta que los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial han sido más bien un paréntesis excepcional -geográfico y temporal- en el capitalismo, a lo mejor podemos asumir también la necesidad de construir un derecho ciudadano universal al ingreso para sostener un mundo ya en inevitable transición.

2 respuestas a «¿Ha llegado el momento histórico de la Renta Básica Universal?»

[…] Cuando todo esto pase será necesario analizar a fondo el sentido de una Unión Europea tan insolidaria y reflexionar sobre la jerarquía de prioridades entre salud y economía; habrá que denunciar una vez más la espiral tremendista de los medios de comunicación, así como restituir la capacidad cuestionada de lo público y explorar fórmulas de gobernar un mundo cada vez más pequeño; hará falta reflexionar sobre el papel de los servicios sociales en situaciones como la que vivimos, el impacto de la desigualdad en pandemias como la presente, el tratamiento que reciben las personas mayores en las residencias, valorar las redes colaborativas y los compromisos solidarios puestos en marcha desde los barrios, la necesidad de afrontar la persistencia del racismo y sus discursos de odio, y, desde luego, reconocer de una vez a los cuidados el lugar esencial que les corresponde y que esta crisis, con toda su crudeza, ha puesto una vez más de manifiesto. Hará falta, en fin, deliberar socialmente sobre qué vidas priorizar en momentos de emergencia, y cómo no, reflexionar con detenimiento sobre la renta básica universal. […]

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